Los jueces también deben y pueden ser juzgados.

Lamento profundamente la decisión del Gobernador Daniel Scioli, de aceptar las renuncias del los Sres. Jueces de Casación Dres. Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargues.

Esta decisión impide que continúe el proceso de jury que se había iniciado a partir de varias denuncias presentadas ante la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales, por el aberrante fallo suscripto por ambos que había reducido la pena a un violador de un niño de 6 años, porque este había sido abusado.

Por unanimidad todos los integrantes de la citada comisión habíamos decidido constituirnos en comisión acusadora en el marco del proceso de enjuiciamiento de las conductas de ambos funcionarios.

Cabe aclarar que el conocido fallo no era el único en el sentido apuntado, sino que se desprendía del análisis de otros casos una visión, que en mi opinión es absolutamente errónea y lesiva para los intereses que como sociedad debemos proteger.

Resulta llamativa la celeridad de la decisión adoptada, que pareciera más direccionada a proteger a quienes también deben responder por sus actos, que a permitir que funcionen las instituciones generadas constitucionalmente para corregir los desvíos de uno de los poderes del estado, en este caso el Poder Judicial.