Nacionales
10 de Octubre, 2015
Llaman a indagatoria a Aníbal Fernández
07:00 | Lo citó el juez Bonadio, junto a Manzur y al actual ministro de Salud porque sospecha que hubo un sobreprecio de $ 1100 millones en la compra de kits para recién nacidos del plan Qunita; en total requirió interrogar a 30 funcionarios y empresarios

El juez federal Claudio Bonadio citó ayer a prestar declaración indagatoria como sospechoso al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; al ministro de Salud, Daniel Gollán; al secretario de ese ministerio Nicolás Kreplak, y al ex titular de la cartera Juan Manzur.

Sospecha que están envueltos en una maniobra para adquirir con sobreprecios kits para bebes recién nacidos por $ 1100 millones que fueron entregados por el Gobierno entre los sectores menos favorecidos. Los sets incluían cunitas, ropa y elementos de higiene.

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Bonadio amplió sus citaciones a indagatoria a los empresarios favorecidos por la compra y a los funcionarios de la línea administrativa que intervinieron en la compra de estos elementos. En total son cerca de 30 sospechosos que serán indagados entre el jueves próximo y el 18 de noviembre, cuando es el turno de Aníbal Fernández.

Para esa fecha ya se conocerá el resultado de las elecciones del 25 de octubre, en las que Aníbal Fernández se postula como candidato a gobernador por el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

Fernández y Gollán firmaron la resolución administrativa que permitió la compra en la que intervino Kreplak, como subsecretario de Medicina Comunitaria Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud. Kreplak es un militante camporista y hoy es secretario de Salud Comunitaria del ministerio.

Manzur, gobernador electo de Tucumán, fue alcanzado por la citación judicial porque el programa comenzó cuando él estaba a cargo de la cartera sanitaria.

El plan ahora cuestionado se denomina Qunita. Las supuestas irregularidades en la contratación fueron denunciadas en la justicia por la legisladora Graciela Ocaña luego de que fueron publicadas por el blog Eliminado Variables. Estas citaciones a funcionarios y empresarios como acusados reavivan la pelea entre el Gobierno y Bonadio, quien investigó a la presidenta Cristina Kirchner por presunto lavado de dinero en la causa Hotesur, hasta que fue apartado del expediente por supuestas irregularidades en su tramitación (ver aparte).

La Presidenta presentó a mediados de julio en Tecnópolis el Plan Qunita, que consiste en la entrega de un kit maternal a mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Ese kit consta de una cuna, sábanas, toallas, ropa de bebe, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, una bata para la madre, un cambiador portátil, un bolso materno, un camisón, un par de pantuflas, una frazada, un neceser, un sonajero, un cunero móvil, un paquete de algodón hidrófilo, un paquete de protectores mamarios descartables, una crema hidratante y una crema caléndula.

En total fueron 140.000 kits que costaron 1100 millones de pesos.

Bonadio investiga si hubo sobreprecios y cartelización en la compra que fue en su mayoría adjudicada a la empresa Fasano SRL, sin antecedentes comerciales y con un giro dedicado a la actividad inmobiliaria. Las licitaciones comenzaron cuando Manzur era ministro de Salud, terminaron en la actual gestión de Gollán, y la conclusión de los trámites lleva la firma de Aníbal Fernández. También fueron citados a indagatoria los empresarios de Fasano SRL y de Dromotech, Compañía Comercial Narciso, Grupo Diela SR, Fibromad y Delta Obras y Proyectos, las restantes compañías que ganaron la licitación. En el inicio de la causa Bonadio realizó un procedimiento judicial en el Ministerio de Salud para retirar documentación sobre el Plan Qunita, efectuó otro en el Senado bonaerense para saber si contrató con Dromotech y efectuó procedimientos en las empresas involucradas.

Se investigan dos hipótesis: el eventual sobreprecio en la compra y la cartelización en la contratación, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Así se busca establecer un precio de referencia para la adquisición de estos 140.000 kits que el Estado pagó entre 7000 y 7800 pesos.

En el proceso de contratación la Sigen estimó que el costo de cada uno era de $ 6604. Kreplak informó que no tuvieron en cuenta envases ni fletes. El juzgado encargó su propio estudio del precio de referencia que está realizando el Banco Ciudad y la Facultad de Arquitectura de la UBA. Una estimación propia del juzgado lo acerca a los $ 6000.

Al mismo tiempo se investiga por qué el 75% de los kits los proveyó Fasano SRL a un precio mayor que las otras empresas proveedoras.

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