las autoridades del Senado siguen descubriendo irregularidades de la administración de Amado Boudou al frente de la Cámara alta. Los nuevos datos se suman a los más de 2000 pases a planta permanente, muchos de ellos sin siquiera haber revistado como personal transitorio, firmados por el ex vicepresidente en su último año de gestión.

Cuando todavía faltan algunos días para tener los resultados de las auditorías que solicitó, la vicepresidenta Gabriela Michetti encontró varios casos que podrían derivar en denuncias judiciales.

Además del hallazgo de un empleado del Senado que vive en Australia, las irregularidades incluyen la cesión de un millonario fondo, en este caso por resolución conjunta con el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, a la Asociación del Personal Legislativo (APL) para ser utilizado bajo el concepto de "ayuda social" sin obligación de rendir cuentas sobre uso o destino.

A esto se suma la sorpresa que se llevó la flamante directora de Prensa de la Cámara alta, Paula Schuster, al descubrir que Senado TV es una marca que está en manos de un privado, al que se le tercerizaba la gestión del canal que transmite las sesiones y alternativas de la actividad del cuerpo. Según afirmaron a LA NACIÓN fuentes allegadas a Michetti, la vicepresidenta considera que las irregularidades exceden el plano administrativo y configuran delitos.

"Senado TV no es un canal, ni una señal, pero gastó 126 millones de pesos el último año", afirmó Schuster, en diálogo con LA NACIÓN. La funcionaria aclaró sus palabras: "Digo que no existió porque la producción estaba en manos de una empresa privada, o intervenían otras producciones para la realización de programas de cocina, sobre la política asiática o de entrevistas a artistas, entre otros".

Lo complicado de este nuevo caso de irregularidades detectadas es que los programas se realizaban con recursos del Senado, que pagaba los insumos y los salarios del personal que hacía los programas (camarógrafos, locutores, conductores y productores).

Sin embargo, la Cámara alta le pagaba un canon mensual a una firma, supuesta propietaria de la marca "Senado TV".

"La empresa aportaba tres cámaras, pero el resto del personal es del Senado", agregó Helio Rebot, secretario administrativo de la Cámara alta.

Según el funcionario, el contrato "estaba vencido hace muchos años" y la Cámara alta lo pagaba "por el sistema de legítimo abono, contra presentación de las facturas, lo cual equivale a una contratación directa pero sin la necesidad de cumplir con requisitos o condiciones".

Otro caso de erogaciones millonarias sin demasiado control es la resolución conjunta de ambas cámaras legislativas, firmada en junio del año pasado, que le entrega a los gremios con representación en el Congreso (APL, UPCN y ATE) el equivalente al 2% de la masa salarial que perciben sus afiliados para ser destinado a "ayuda social". Según estimó Schuster, la suma involucrada asciende a unos 160 millones de pesos anuales. La resolución de esta decisión llevó la firma de Boudou y de Domínguez pero no establecía ningún tipo de rendición de cuenta salvo que el aporte "será mensual, móvil y distribuido en forma proporcional a la cantidad de afiliados que posee cada Asociación Sindical".

Estas asociaciones sindicales sólo debieron informar a las autoridades de ambas cámaras legislativas la cuenta bancaria en la cual depositar el aporte.

El área donde más claro se ve el desorden adminsitrativo dejado por el kirchnerismo en su paso por el Senado es el del personal, donde el número de empleados de la Cámara explotó en los últimos años para pasar de los casi 2000 permanentes que dejó Julio Cobos tras su gestión a los 4900 que recibió Michetti en diciembre, cuando Boudou dejó de manejar la Cámara alta.

Como muestra de este crecimiento de los empleados estatales de la Cámara alta, las autoridades del Senado citan el caso del área encargada de emitir los pasajes aéreos para legisladores y funcionarios.

"Encontramos una estructua sobredimensionada de 50 empleados que se encargaban de la emisión de pasajes. Si se tiene en cuenta que hay 72 senadores y que los que representan distritos próximos a la Capital no usan pasajes, estamos muy cerca a una relación de un empleado por senador", afirmó Schuster.

En el proceso de reordenamiento de personal que se dispuso hacer el nuevo gobierno en todo el Estado, Michetti ordenó realizar a la vez una evaluación de más de 300 casos de adscripciones (empleados del Senado que cumplen funciones en otras dependencias públicas, nacionales o provinciales) y de comisiones de servicio (personal que cumple tareas fuera de la Cámara alta).

En esta tarea, los nuevos funcionarios de Personal se encontraron con un caso por demás llamativo: cuando trataron der contactar a un empleado que figuraba cumpliendo una adscripción, se sorprendieron al enterarse de que la persona en cuestión se encuentra viviendo en Australia. Las autoridades aún intentan determinar si están ante un típico caso de empleado "ñoqui" o si se trata de una defraudación y un tercero cobraba ese sueldo.

Los resultados de las auditorías que encargó Michetti estarían listos para fin de esta semana. Todo indica que dejarán al descubierto la verdadera "herencia" de la gestión Boudou.

Fuente La Nación