El Gobierno de Cristina Kirchner se ocupó de ocultar y luego intentó borrar por completo el rastro de las 123 empresas ligadas a Lázaro Báez y su entorno en los EE.UU. a pesar de disponer de esa información dos años antes de dejar el poder.

Según publica el diario Clarín, los primeros datos llegaron en octubre de 2013 y siguieron hasta hace un año atrás. ¿De dónde provenían los datos que se ocultaron? De un mecanismo llamado discovery (una acción judicial para producir información) que inició el fondo NML, de Paul Singer, para rastrear el dinero del empresario patagónico detenido por presunto lavado de dinero y del Estado argentino. Fueron decenas de mails y documentos enviados por el estudio de abogados contratado por el gobierno de Cristina Kirchner en Nueva York.

La información recibida según fuentes oficiales y judiciales, fue borrada de las computadoras de la Procuración del Tesoro. Incluso desaparecieron discos rígidos y la principal responsable es la extitular Angelina Abbona, muy cercana al exsecretario Legal y Técnico Carlos Zannini. El escándalo fue tan grande, que la exfuncionaria tuvo que devolver el disco rígido de su computadora a la nueva administración y, al hacerlo, argumentó que se lo había llevado a su casa para hacer una copia de los archivos.

La nueva administración logró recuperar parte de las decenas de mails y datos que ya están en manos de la Justicia. Recordemos que la Unidad de Información Financiera (UIF) denunció y pidió que sean detenidos e indagados los 4 hijos de Báez por las cuentas que le descubrieron en Suiza por un monto superior a los US$ 25 millones.

Los mails recuperados provienen desde Nueva York. Las respuestas de los funcionarios de la Procuración del Tesoro, si las hubo, hasta ahora no aparecieron. Por el escándalo, ya tomaron intervención varios organismos oficiales como la UIF y el Ministerio de Hacienda. Además de los correos electrónicos, desaparecieron archivos que se produjeron a lo largo del discovery. Esos documentos, protegidos por una protective order (orden de protección), contienen información sobre cuentas y transacciones de Baez y otros personajes influyentes como Ernesto Clarens, el primer financista de Lázaro y de Néstor Kirchner.

Hacia fines de 2014, la presión del discovery, una herramienta legal para obtener información, en este caso de las 123 empresas de Nevada, dio sus frutos. En septiembre, el juez Cam Ferembach le tomó declaración a Patricia Amunategui, del estudio Mossak Fonseca, y luego permitió la participación del periodista Jorge Lanata y se abrieron los documentos que daban a conocer las sociedad . La declaración de la abogada llegó a los funcionarios argentinos que no hicieron nada.

Apenas recibió los mails, el actual titular de la Procuración del Tesoro, Carlos Balbín, cercano a la diputada Elisa Carrió, se los giró al juez federal Sebastián Casanello. Esos documentos prueban que el kirchnerismo ocultó información sobre las cuentas de Báez en Estados Unidos.