Mientras continúan las denuncias en las redes sociales por la falta de visibilidad mediática del caso de Araceli Fulles como sí lo logró Micaela García, la familia de la joven de 22 años que fue vista por última hace 23 días tomó una drástica decisión: echó al abogado designado por uno particular y exigió el cambio de carátula.

Frente a su desaparición, familiares, amigos y vecinos han realizado múltiples concentraciones y movilizaciones para exigir que aparezca.

La causa que sigue la fiscalía N° 2 de San Martín, a cargo de Graciela López Pereyra, continúa caratulada como "búsqueda de persona" pese a las denuncias de la familia sobre la posibilidad de que la joven haya sido captada por una red de trata de personas. Debido a que no hubo ningún avance en la causa, la familia cambió el abogado designado por el municipio por uno particular.

Los datos que dio un camionero que supuestamente la llevó a Entre Ríos –de que se encontraba en un hospital y otros más escabrosos–, no sólo fueron descartados sino que además el hermano de Araceli, Marcelo Fulles, "denunció que en la investigación por el paradero de su hermana, la Policía 'llega tarde a los allanamientos y en la fuerza saben quién la tiene, la versión del camionero es para desviar toda la investigación; no quieren encontrarla'".

La "búsqueda de personas" no contempla la desaparición forzosa: las carátulas de "fuga de hogar" o "extravío" suponen que la desaparición es fruto de la desorientación de la persona o de su decisión de abandonar el hogar, y por lo tanto que "cuando se le pase" va a regresar con su familia. Estas coberturas legales son funcionales a la connivencia de las fuerzas represivas con el delito organizado, que se traducen en zonas liberadas.