Una auditoría en la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) determinó una serie de fuertes irregularidades en los gastos en la administración pasada, como $ 800 mil para el catering de una fiesta sindical o $ 273.250 para espectáculos de circo.

A partir de este informe, el Tribunal de Cuentas bonaerense determinó que el exjefe del organismo, Guillermo Scarcella, y otros exfuncionarios de la gestión de Daniel Scioli deberán devolver $ 51 millones al Estado provincial por las anomalías detectadas.

El caso tiene origen en una presentación por presunto lavado que hizo Elisa Carrió. La diputada había denunciado que Scioli "habría montado una red de sociedades a través de las cuales transfería fondos de diferentes organismos del Estado provincial". Scarcella, además, está acusado por la legisladora de ser el testaferro del exgobernador.

El extitular de ABSA y el resto de los apuntados por el Tribunal tendrán un plazo de 90 días para reintegrar los fondos, aunque pueden presentar un recurso ante el fuero Contencioso Administrativo.

En el informe se habla de "falta de razonabilidad de gasto" y se mencionan además pagos realizados por ABSA de $ 50 mil para la realización del XIV Simposio Internacional de Transplante de Intestino o de $ 54 mil para la contratación de servicios de una experta en "coaching psicológico".

A los involucrados por el Tribunal se les atribuyen además irregularidades como "incompatibilidad laboral" por el trabajo de una misma persona en dos o más organismos del Estado y además la contratación de proveedores "que revisten calidad de empleados en relación de dependencia de la empresa".

Entre los cuestionamientos están la falta de controles y de documentación sobre la ejecución de las prestaciones por las que pagó ABSA. El Tribunal dio por probado que hubo "falta de pertinencia y razonabilidad en los reajustes de precios" en contratos de la empresa pública con compañías privadas.