Ahora la justicia le apunta también al ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández y, según trascendió, también podría quedar detenido en los próximos días, luego de que una fiscal lo denunciara por el supuesto delito de insolvencia fraudulenta, que el ex funcionario habría cometido al vender parte de su patrimonio en los días posteriores a la inhibición que dictara la Justicia en su contra.

La fiscal a cargo es Gabriela Baigún y, según se supo, el jueves de la semana pasada radicó la denuncia tras considerar que Fernández le mintió a la Justicia, al afirmar que carecía de patrimonio embargable, para luego vender dos automóviles de alta gama, un BMW y un Toyota, por más de un 1 millón de pesos, cuando ya se había ordenado su inhibición general de bienes. De acuerdo con la investigación de la fiscal Baigún, tanto Fernández como otros procesados que deberán afrontar un juicio oral por el llamado "plan Qunita" habían informado a la Justicia que no contaban con bienes suficientes para responder a potenciales embargos, pero no era así.

Además, con ayuda de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, la fiscal pudo corroborar que varios de los acusados que dijeron no tener bienes a su nombre acumulaban, en realidad, 19 autos, 81 inmuebles, 1 moto, 4 embarcaciones, acciones y cuotas sociales, y fondos en cuentas bancarias, entre otros activos.

Consultado al respecto, Aníbal Fernández negó haberse insolventado adrede o haber actuado sin conocimiento judicial. "Vendí ambos vehículos, sí, pero para aumentar mi patrimonio, no para reducirlo, porque cambié un auto por otro más nuevo y el dinero que cobré lo deposité en una cuenta en dólares que tengo en el Banco Patagonia y sigue ahí", afirmó. "Si van a investigar mis movimientos patrimoniales, además de ver qué vendí revisen qué compré, y analicen si el flujo patrimonial es negativo o positivo y ahora es más de lo que había cuando decretaron la inhibición", propuso el ex ministro del Interior. "Ya hablé con mi abogado y el lunes nos presentaremos a dar todas las explicaciones y exponer lo que hicimos, paso por paso", informó.

A pesar de esto, para la fiscal Baigún las acciones de Fernández y de otros acusados podrían configurar el delito de insolvencia fraudulenta, previsto en el segundo párrafo del artículo 179 del Código Penal, que prevé una pena de seis meses a tres años de prisión. Como antecedente, cabe recordar que un caso similar es el del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, quien se encuentra detenido desde julio pasado en la causa "Los Sauces", también por orden del juez Bonadio, quien concluyó que el colaborador de la otrora familia presidencial entorpeció la pesquisa al tomar las mimsas actitudes que ahora se le achacan a Fernández.

Consciente de esta situación, Aníbal Fernández reconoció que "la diferencia es que Manzanares extrajo dinero que debía estar bajo control judicial, según dijo, para pagar impuestos, y de ese modo redujo el acervo patrimonial; yo, por el contrario, lo aumenté, y con consulta previa al juzgado al momento de notificarme de la resolución", afirmó.

Consultado al respecto, Aníbal Fernández negó haberse insolventado adrede o haber actuado sin conocimiento judicial. "Vendí ambos vehículos, sí, pero para aumentar mi patrimonio, no para reducirlo, porque cambié un auto por otro más nuevo y el dinero que cobré lo deposité en una cuenta en dólares que tengo en el Banco Patagonia y sigue ahí", afirmó. "Si van a investigar mis movimientos patrimoniales, además de ver qué vendí revisen qué compré, y analicen si el flujo patrimonial es negativo o positivo y ahora es más de lo que había cuando decretaron la inhibición", propuso el ex ministro del Interior. "Ya hablé con mi abogado y el lunes nos presentaremos a dar todas las explicaciones y exponer lo que hicimos, paso por paso", informó.

A pesar de esto, para la fiscal Baigún las acciones de Fernández y de otros acusados podrían configurar el delito de insolvencia fraudulenta, previsto en el segundo párrafo del artículo 179 del Código Penal, que prevé una pena de seis meses a tres años de prisión. Como antecedente, cabe recordar que un caso similar es el del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, quien se encuentra detenido desde julio pasado en la causa "Los Sauces", también por orden del juez Bonadio, quien concluyó que el colaborador de la otrora familia presidencial entorpeció la pesquisa al tomar las mimsas actitudes que ahora se le achacan a Fernández.

Consciente de esta situación, Aníbal Fernández reconoció que "la diferencia es que Manzanares extrajo dinero que debía estar bajo control judicial, según dijo, para pagar impuestos, y de ese modo redujo el acervo patrimonial; yo, por el contrario, lo aumenté, y con consulta previa al juzgado al momento de notificarme de la resolución", afirmó.