Los datos surgieron de un relevamiento del diario La Nación sobre documentos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), un ente que depende del Ministerio de Desarrollo Social, cuya titular hasta 2015 fue Alicia Kirchner.

Estas mutuales de trabajo estaban integradas por dirigentes de la agrupación y por gente que cumplía con lo que se les pedía a cambio de un trabajo.

Inclusive, según cuenta el diario La Nación, la organización incluso había desarrollado un sistema de comercio de matrículas extraoficial donde se compraban y vendían habilitaciones de cooperativas.

Las 83 cooperativas fueron registradas entre 2005 y 2010, cuando entre los requisitos de inscripción se solicitaban claves fiscales y datos biométricos que debían realizarse en la AFIP.

Según Miranda, había personas que se acercaban al gobierno provincial para cobrar los fondos para obras y, cuando se les preguntaba a qué cooperativa pertenecían, no lo sabían.