El juez federal Ariel Lijo procesó este lunes a una mujer acusada de amenazar por Twitter al presidente Mauricio Macri y a su familia, y le embargó bienes por 150 mil pesos por los gastos al Estado que ocasionaron los operativos de seguridad.

La procesada tiene 27 años, cursó estudios universitarios de historia, está desempleada y vive en Quilmes. Según se indicó en Tribunales, la imputada había publicado en Twitter, con perfil anónimo, mensajes en los que había amenazado al Presidente y a su familia.

En los mensajes la mujer usaba una fotografía de Antonia Macri, la hija menor del Presidente, con una tachadura en su cuello como su fotografía de perfil y un mensaje que decía: "Maten a la chiquita".

Entre los mensajes intimidatorios se destacaba uno que decía: "Nuestro odio lo calmaremos con sus hijos. Espero q @mauriciomacri le deje guardaespalda de por vida a antonia" y "Si algo hizo mal el kirchnerismo, es no haber matado a toda la burguesía, periodistas y políticos de derecha, en sus 12 años de gestión".

"Pero nosotros tenemos q ir más allá ...Es nuestro deber matar a sus descendientes, sino esto no termina más", decían los mensajes.

La causa empezó el 5 de marzo por el "ciberpatrullaje" de rutina del Área de Cibercrimen de la Policía Metropolitana, en cuyo marco los efectivos se abocan a la prevención de delitos, contravenciones y faltas realizados en la red de Internet.

Se detectó al usuario "@lamarikaos", que estaba realizando publicaciones amenazantes contra el jefe de Estado, se consultó al tribunal y comenzaron tareas de inteligencia.

En su perfil de Facebook la mujer reportaba que desempeñaba tareas "en el Ministerio de Desarrollo de la Nación" aunque actualmente era "desocupada gracias al cambio".

En su indagatoria la mujer reconoció haber realizado las publicaciones, pero las atribuyó a "un exabrupto generado por el enojo producido a raíz de la pérdida de su empleo".

Finalmente, el juez dispuso el embargo de los bienes o dinero de la procesada hasta cubrir 150.000 pesos. Para ello reparó en que las costas del proceso debían verse integradas también por los gastos en los que había incurrido el Estado Nacional a raíz de las amenazas realizadas, es decir, los operativos de seguridad dispuestos por el departamento de seguridad presidencial que tuvo que reforzar todos los aspectos (materiales, humanos, logísticos, etc.) de la seguridad del presidente y su familia, a fin de evitar un posible atentado.