El mediodía de ayer será recordado como un momento clave para el caso Odebrecht en la Argentina. En el preciso instante en que el ministro de Justicia, Germán Garavano, comenzaba una reunión con el abogado de la compañía brasileña para intentar llegar a un acuerdo, la Justicia inició allanamientos a la sede de la empresa, a las oficinas de seis compañías que fueron sus socias en distintas obras y, por último, a AySAsa, la empresa pública de aguas. Enterado de los hechos, el representante legal de Odebrecht se retiró.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó los procedimientos para obtener toda la documentación relativa a la construcción de las plantas potabilizadoras Paraná de las Palmas y Bicentenario, cuyos contratos fueron adjudicados a Odebrecht y Camargo Correa. La Justicia ya había detectado distintas irregularidades en el contrato de $ 2700 millones adjudicado a Odebrecht en 2008, como redeterminaciones de precios injustificadas y el desvío de casi $ 1000 millones del presupuesto.

El juez Casanello ordenó los allanamientos para buscar toda la documentación de las licitaciones "mellizas", dos concursos sospechosos para los investigadores porque comparten las mismas prácticas -irregularidades incluidas- y los mismos actores que son investigados en Brasil por el caso conocido como Lava Jato.

Los procedimientos se prolongaron durante siete horas. Oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y representantes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) ingresaron sobre el mediodía a la sede de Odebrecht en la calle Leandro N. Alem al 800.

Secuestraron toda la información sobre la construcción de la planta Paraná de las Palmas, un contrato de $ 2700 millones que pagó AySA. Se llevaron documentos contables, pero también accedieron a registros digitales, informaron fuentes judiciales. Los datos serán analizados en las próximas horas por el juez y por el fiscal Sergio Rodríguez.

La Justicia ya detectó inconsistencias en la licitación que ganó Odebrecht junto con sus socios Benito Roggio SA, Supercemento SA y Cartellone Construcciones en enero de 2008. Cuatro meses después de haber adjudicado el contrato, sin mediar modificaciones, AySA implementó una ampliación en el presupuesto por otros $ 400 millones, reveló LA NACION.

Hay más. Los incumplimientos de la empresa durante la ejecución del contrato le costaron a Odebrecht $ 32 millones por multas por los fuertes retrasos en las obras, según consta en documentos oficiales.

La compañía se limitó ayer a emitir un comunicado en el que "reafirma su posición en colaborar con la Justicia". "La empresa espera reconquistar la confianza de la sociedad con una actuación empresarial íntegra, ética y transparente", señalaron los brasileños.

El fiscal Federico Delgado había ofrecido ayer a la empresa aportar datos a la Justicia bajo la figura del arrepentido. La propuesta, que tiene una vigencia de cinco días, por ahora no fue aceptada ni rechazada por la empresa, aunque desde la compañía pretenden que sus ejecutivos sean eximidos de cualquier proceso penal en el país, situación que no está contemplada en la ley.

Los últimos tres días estuvieron marcados por acusaciones cruzadas, negociaciones veladas y llamativos cambios de postura en los distintos actores que componen el escenario político-judicial.

Ayer, como en una escena de película, el abogado de Odebrecht tuvo que levantarse de la reunión con el ministro Garavano antes siquiera de comenzar a hablar sobre el posible acuerdo que negocian con el Gobierno para aportar información sobre los US$ 35 millones de sobornos pagados en el país. Le habían avisado por teléfono que en ese mismo momento estaban allanando la sede de la empresa.

"Me alegra que hayamos despertado a la Justicia. ¿El allanamiento tenía que ser justo hoy [por ayer] a la misma hora de la reunión?", se desquitó la alta fuente oficial.

Casanello también allanó las sedes de Camargo Correa y Esuco SA, empresas que ganaron la licitación para construir la planta potabilizadora del Bicentenario.

En la Justicia bautizaron estas obras como las licitaciones "mellizas" por la similitud de ambas con el Lava Jato brasileño. Las empresas: Odebrecht y Camargo Correa. El financiamiento: el Banco de Desarrollo de Brasil. ¿Irregularidades? Llamativas readecuaciones de precios, cartelización de los oferentes, ampliación de plazos de obra y desvíos millonarios de fondos para beneficiar a las empresas.

Por ejemplo, tal como ocurrió con la licitación adjudicada a Odebrecht, en la planta del Bicentenario Camargo Correa y Esuco gozaron de una redeterminación de precios por $ 93 millones, que llegó tres meses después del concurso. En total, la obra costó $ 580 millones.

¿Quién compitió en la licitación? Electroingeniería SA. El juez brasileño Sergio Moro, que instruye el megacaso Lava Jato, determinó hace un mes que Electroingeniería pagó sobornos a través de intermediarios de ese país para concretar la compra de Transener SA a Petrobras. Entre los nombres mencionados como los funcionarios receptores de sobornos aparece Julio De Vido.

Todo esas maniobras se realizaron bajo la supervisión de AySA. El juez también investiga el patrimonio de Carlos Ben, un hombre de confianza de José Luis Lingieri que se desempeñó como titular de la empresa. La Justicia maneja una hipótesis que señala a Ben como testaferro del sindicalista, informaron fuentes de la investigación.

Fuente La Nación